domingo, 30 de mayo de 2010

Actualidad 30/05/2010


El congreso de JpD aprueba un documento a favor de Garzón

Los presentes en el XXV congreso 25 años de justicia democrática han firmado una comunicación en la que muestran la preocupación de los miembros de JpD -entidad de la que fue fundador el instructor de la causa contra Garzón por la investigación del franquismo, Luciano Varela- por el proceso abierto contra el juez y calificaban la actuación de Varela como "jurídicamente discutible" (74 votos a favor y 43 en contra).

"El encausamiento del juez Baltasar Garzón y su suspensión ha producido un fuerte rechazo de las organizaciones progresistas de ámbito nacional e internacional, de los defensores de los derechos humanos, de las asociaciones que luchan contra la impunidad de los crímenes contra la humanidad y por la recuperación de la memoria histórica", cita la resolución, cuya emisión ha sido aprobada por 64 votos a favor y 43 en contra durante el congreso. "Jueces para la Democracia, organización progresista de jueces y magistrados, por su historia y por lo valores que han inspirado tradicionalmente su actuación, no podía permanecer ajena a estos hechos".

http://www.elpais.com/articulo/espana/congreso/JpD/aprueba/comunicacion/favor/Garzon/elpepuesp/20100528elpepunac_14/Tes

Público, Los crímenes que España no investiga

Los juzgados "heredaron" la polémica causa de Garzón van avanzando todos juntos en la misma dirección: archivar sin investigar. Salvo excepciones, la respuesta suele ser la misma en los juzgados territoriales, en las Audiencias Provinciales e incluso en el Tribunal Constitucional, que ya ha denegado el amparo cuando se le ha solicitado. Alos juzgados de instrucción remitió el juez material para investigar más de 114.000 desapariciones y crímenes que el fiscal de la Audiencia Nacional consideró "delitos comunes" y no de lesa humanidad. Según la jurisprudencia internacional, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no pueden ser amnistiados.

Sobre el papel, España está investigando estos asesinatos, como resaltó a principios de mes la jueza argentina María Servini de Cubría para explicar por qué no admitía a trámite la querella presentada por las víctimas españolas. Pero la realidad es muy distinta. Un análisis exhaustivo de los 46 juzgados que recibieron inicialmente la causa troceada es tajante: un mínimo de 26 (casi el 60%) ya ha archivado sin investigar ni escuchar a las víctimas. El porcentaje de juzgados que no investiga es, en realidad, mucho más alto. Ello se observa mejor si se plantea al revés: de los 46, únicamente tres han dado pasos relevantes en la dirección que impulsaba Garzón.

De un lado, Aurora María Fernández, de Granada ,y Miguel Ángel Aguilera, de El Escorial, han planteado una cuestión de competencia para que el sumario vuelva a la Audiencia Nacional al considerar que se trata de crímenes de lesa humanidad.
Del otro a jueza de Benavente (Zamora), Tania Chico, asumió la tesis de los "delitos comunes", pero abrió una fosa por orden judicial, estuvo al pie de los trabajos en la recuperación de los cuerpos de los fusilados y se hizo acompañar por agentes de la policía judicial para investigar las causas de la muerte y el enterramiento de las víctimas. Chico se limitó a cumplir la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que lo exige cuando se encuentran restos de muertos con signos de violencia, algo excepcional en las causas heredadas de Garzón. Miguel Ángel Martín, en Palencia, que recibió la causa con posterioridad, también investiga: al menos ha tomado declaración a testigos de asesinatos. Los 17 juzgados restantes del listado inicial están en stand by.

Los motivos para archivar se repiten en todos los juzgados: se trata de delitos prescritos o no tipificados en el momento de los hechos el Código Penal no incorpora la lesa humanidad hasta 2003 o fueron perdonados por la Ley de Amnistía de 1977 o es tarea de la Ley de Memoria Histórica aclarar los casos particulares.

Cuando los autos se recurren, las Audiencias Provinciales ratifican lo decidido en primera instancia, con la única excepción de la de Burgos, que el pasado enero obligó al juzgado de Villarcayo Merindad al menos a practicar diligencias.

Las Audiencias son más duras que los juzgados de instrucción. El auto de archivo dictado el 2 de abril en la Audiencia de Zaragoza reproduce uno previo de la de Badajoz en el que consideran el propósito de las víctimas "de indudable interés histórico y antropológico". Y en la de Madrid citaron ya los autos de Luciano Varela como si fueran jurisprudencia. Las víctimas ya no esperan nada de la Justicia española.

http://www.publico.es/espana/316518/crimenes/espana/investiga

ABC en su línea intenta destruir todos los intentos por recuperar la memoria y a quienes realizan estos intentos.

A juicio del vocal Antonio Dorado, el CGOJ cometió una irregularidad al autorizar la marcha de Garzón a La Haya. En concreto, cuando la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «permitió» la contratación de Baltasar Garzón por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En su voto particular discrepante con esa decisión, Dorado advierte que el juez de la Audiencia Nacional sólo hizo una petición al Consejo: que se le declarara en la situación administrativa de servicios especiales. La respuesta a esa petición le vino dada a la Permanente por la Secretaría General del CGPJ, que informó en contra de dar satisfacción a la solicitud de Garzón, pues este ya estaba suspendido cautelarmente. Y un juez no puede hallarse de forma simultánea en dos situaciones administrativas diferentes (suspensión y servicios especiales). Con este dictamen contrario sobre la mesa, la Permanente «evitó pronunciarse de forma expresa sobre el contenido de la solicitud formulada, haciendo dejación del deber de resolver expresamente» sobre lo que se le pregunta. Pero hay más. Dice Dorado que el acuerdo del que discrepa se pronuncia, sin «competencia» para ello porque nadie le había planteado esa cuestión, sobre la «compatibilidad» de Garzón «para desempeñar funciones de consultoría» en La Haya. Con esta nueva irregularidad, el CGPJ habría «ignorado de forma palmaria el alcance de sus competencias» y «vulnerado los más elementales principios que rigen el procedimiento administrativo». Además, la Permanente «podría haber indicado» a Garzón «la posibilidad» de pedir la compatibilidad, algo que el juez hizo con posterioridad y que el CGPJ resolvió, también con discrepancias, advirtiéndole que no podrá cobrar el cien por cien de su sueldo en la Fiscalía del TPI.

http://www.abc.es/20100530/opinion-confidencial/cometio-irregularidad-cgpj-caso-20100530.html

Según El Periódico, el 66,5 % de los españoles piensan que la suspensión de Garzón se debe más a cuestiones políticas que jurídicas.

La mayoría de los ciudadanos consideran que las causas abiertas contra el juez Baltasar Garzón, que han forzado su suspensión y salida de la Audiencia Nacional, se deben a motivos políticos y no se fundamentan en argumentos judiciales. Así lo manifiestan el 66,5% de los encuestados. Otro 13,6% no se pronuncia y tan solo el 19,9% afirma que son cuestiones jurídicas las que sustentan la decisión de sentar al magistrado en el banquillo por investigar los crímenes de la guerra civil y la dictadura, el principal de los tres procesos iniciados contra el magistrado y de momento el único por el cual se le ha abierto juicio oral. Su decisión de intervenir las conversaciones que varios imputados en el caso Gürtel mantuvieron en prisión con sus abogados y el presunto cobro de dinero del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York motivaron las otras dos querellas.
En todos los grupos de edad, el segmento que achaca a motivos políticos las causas contra Garzón supera el 60%. Y si se analizan las respuestas en función del partido al que votan los ciudadanos, solo se aprecia cierta división entre quienes apoyan al PP. Por territorios, Catalunya (78,3%) y el País Vasco (77,9%) son las dos comunidades donde más encuestados aseguran que las causas tienen una motivación política.

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=717691&idseccio_PK=1008


viernes, 28 de mayo de 2010

Actualidad 28/05/2010


Esta noche, I Edición de los Premios de Andalucía a la Memoria Histórica

Esta noche se hace entrega de los galardones de la I Edición de los Premios Andalucía de Memoria Histórica, que consta de seis modalidades. El jurado ha decidido que el galardón dedicado al reconocimiento de una trayectoria individual sea para Francisco Espinosa Maestre, historiador y coordinador técnico del proyecto 'Todos los Nombres'.

En la modalidad de investigación, ha sido galardonada la profesora Pura Sánchez por su libro 'Individuas de Dudosa Moral (la represión de las mujeres en Andalucía 1936-1958)'. Por su parte, en la modalidad de iniciativas de asociaciones de Memoria Histórica, el galardón será compartido entre las asociaciones de Memoria de Málaga y Granada.

En el apartado de entidades, ha sido galardonado el Ayuntamiento de la capital hispalense por la creación del Aula de Memoria Histórica en el Alcázar de Sevilla y la repatriación de los cuerpos de los andaluces Diego Martínez Barrios y José Díaz, entre otras cuestiones. Esta modalidad no está dotada económicamente.

En la modalidad de ámbito educativo ha sido premiado el grupo 'Escolares con Memoria' del Instituto de Educación Secundaria Carlos III de Prado del Rey (Cádiz), por su trabajo sobre los republicanos españoles en los campos de exterminio nazi. En la categoría de nuevas tecnologías ha sido galardonada la página web del proyecto 'Todos los Nombres', que ha supuesto la creación de una base de datos permanentemente actualizada que permite consulta histórica o búsqueda de desaparecidos, entre otras materias.

El jurado ha estado presidido por el viceconsejero de Gobernación y Justicia, José Antonio Gómez Periñán, e integrado por los historiadores Carmen Fernández, Victoria Fernández, José María García, Concha Langa y Fernando Martínez; por el director del Centro de Estudios Andaluces, Demetrio Pérez; y por el comisario de la Memoria Histórica, Juan Gallo.

jueves, 27 de mayo de 2010

Actualidad 27/05/2010

Duro informe de Amnistía Internacional

Hoy Amnistía Internacional ha presentado su informe anual en que la organización evalúa la situación de los derechos humanos en todo el mundo. Su secretario general interino, Claudio Cordone, nos ha dejado perlas como: "Los cargos contra Garzón son escandalosos" "Las desapariciones son crímenes que no prescriben hasta que se encuentra el cuerpo o hasta que aparece la persona desaparecida. Es un crimen al que ni siquiera puede aplicarse una amnistía. [Garzón] ha estado aplicado correctamente los principios internacionales y está siendo castigado por ello"

El proceso abierto contra el magistrado “es un episodio muy triste” que Amnistía Internacional espera “que se corrija pronto”, porque el juez “ha estado haciendo lo correcto”. “España debería, al margen de la fecha de la comisión de los delitos [de la dictadura], llevar a los ejecutores ante la Justicia. "Las autoridades deberían tomar todas las mediad para revelar la verdad sobre los miles de desapariciones forzosas, las ejecuciones extrajudiciales y las torturas cometidas durante la era de Franco”

La directora del Programa para las Américas de AI, Susan Lee, recordó que Garzón es “una figura muy respetada y apreciada en América Latina”, por lo que “hay mucha inquietud por su situación y mucho apoyo para su persona” “es lamentable e insólito” que el magistrado haya sido suspendido “a raíz precisamente de abrir una investigación sobre los desaparecidos en España después de haber hecho investigaciones de esta naturaleza en otros países”. “Es irónico que después de haber jugado un papel tan importante para lograr que se acepte la necesidad de que haya justicia, reparación y verdad, afronte esta situación”

AI lamenta además que este país no haya incluido en el Código Penal el delito de desaparición forzada y que haya limitado la aplicación de la jurisdicción universal a los casos en los que las víctimas eran españolas y a que el acusado estuviera en España. AI denunció además que las víctimas de la violencia machista en España siguen sin recibir una protección "adecuada" del Estado.

Menciona además el trato que reciben algunos niños en centros de protección de menores donde el personal les somete a un uso excesivo de la fuerza, medicación forzada, abusos psicológicos y físicos y abandono. Y que el régimen de incomunicación que se aplica a personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo implica que estas tienen "gravemente restringido" el acceso a un abogado y corren mayor riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.

http://www.elpais.com/articulo/espana/Amnistia/Internacional/lamenta/Espana/avance/investigacion/fosas/franquismo/elpepuesp/20100527elpepunac_1/Tes
http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=47011



El ex presidente de la Sala Tercera del TS,
Ramón Trillo Torres, realiza unas declaraciones fuera de tono por la incorporación de Garzón a la Fiscalía de la CPI "pudo hacer esto o haber puesto una tienda de chupa-chups"

En un acto en la Facultad de Derecho de Murcia el ex presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Ramón Trillo Torres, ha asegurado en Murcia que la suspensión de Garzón era una decisión obligada.
"El Consejo del Poder Judicial no podía hacer otra cosa, por tanto no hay ni culpa, ni hay nada negativo, tampoco positivo en esta decisión". En lo que respecta a la marcha de Garzón a La Haya ha declarado que "el Consejo sólo se ha limitado a decir que es compatible con su situación porque Garzón no tiene ninguna función jurisdiccional en este momento en España y es un trabajo particular".

En una entrevista dada al diario la verdad se ha declarado más cercano al juez Varela, ha criticado a la Audiencia Nacional
porque concentra demasiados poderes muy mediáticos y llamativos en pocos jueces, durante mucho tiempo y esto es una presión muy difícil de soportar. El juez Garzón ha adoptado actitudes valientes, importantes, en su trayectoria profesional; pero quizá lleva demasiado tiempo en ese papel. Respecto al fichaje de Garzón por la CPI "Debe tenerse en cuenta que no ha sido mandado allí oficialmente por el Consejo General o por España. Garzón va como un hombre que tiene un trabajo particular; por lo tanto, Garzón está suspendido en el ejercicio de sus funciones, y pudo hacer esto o haber puesto una tienda de chupa-chups. Hay que situar las cosas así. Él forma parte de su mundo, en el que ha cuajado con un prestigio importante. Dentro de este mundo hay quien le ha echado una mano. Por lo tanto, no hay nada que objetar al hecho de que se haya ido. Le deseo las mejores venturas"


http://www.20minutos.es/noticia/719833/0/
http://www.laverdad.es/murcia/v/20100527/espana/garzon-puede-irse-tribunal-20100527.html

Declaraciones: Juan Cruz, Venganza y Verguenza


Dirán lo que quieran de la suspensión de Garzón como juez de la Audiencia Nacional, que acaba de conocerse. Pero apesta a venganza y produce vergüenza; el Consejo General del Poder Judicial, dividido ante el asunto, ha tomado la peor de las decisiones posibles, la que pone en tela de juicio la propia justicia y añade desconfianza a aquellos que creyeron que en esta instancia no iba a ponerse en evidencia la arbitrariedad. Garzón es un juez importante, que ha tenido en sus manos delitos gravísimos; ha querido investigar, según la ley de Memoria Histórica, sobre las atrocidades de la dictadura, y el diente lento de una justicia ahora bajo sospecha lo ha mordido insistentemente, hasta esta decisión vergonzosa de este mediodía. Hoy es un día extraordinariamente gris para la naturaleza de la democracia y para la vitalidad de las instituciones judiciales, que se echan encima un tremendo baldón. Un día malo.


http://blogs.elpais.com/juan_cruz/2010/05/venganza-y-verg%C3%BCenza.html

miércoles, 26 de mayo de 2010

Actualidad 26/05/2010



Varias Asociaciones de Memoria Histórica solicitan al TS que anule la causa que tiene abierta por investigar los crímenes del franquismo.

Varias asociaciones de la Memoria Histórica han pedido hoy al Tribunal Supremo (TS) la nulidad de las actuaciones respecto al proceso abierto contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo al entender que como perjudicados por estos hechos deberían ser parte en la causa. El abogado de las asociaciones, Fernando Magán, critica que se le no haya ofrecido a sus clientes la posibilidad de ser parte en el proceso. Ya que las asociaciones habían reclamado en abril al instructor ser parte en el proceso en su condición de perjudicados por los hechos que investigó el juez de la Audiencia Nacional.

Para esto utiliza el art 109 de la LEC y añade el letrado que "resulta evidente" que a nadie puede exigirse haberse personado en la causa si antes no se le ha informado de su derecho a hacerlo, por lo que, "habida cuenta de la falta de ofrecimiento de acciones", reclama la nulidad de las actuaciones y su devolución al Juzgado de Instrucción para que puedan ser llamados como perjudicados y ejercer sus derechos.

http://www.elcorreo.com/agencias/20100526/asociaciones-memoria-historica-piden-anule_201005261901.html

La ONU expresa su malestar por la suspensión de Garzón

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias expresó este martes su preocupación por la suspensión en sus funciones del juez Baltasar Garzón tras la decisión del juez del Tribunal Supremo Luciano Varela de abrir juicio oral en su contra por un delito de prevaricación por la investigación que instruyó sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo. Recordó que estamos ante "un delito continuo que no acaba hasta que no se aclare la suerte corrida por la víctima" y que los Estados "deben abstenerse de promulgar leyes de amnistía que eximan a los perpetradores de desapariciones forzadas de ser llevados ante la justicia y condenados".

"La reconciliación entre el Estado y las víctimas no puede culminarse sin el esclarecimiento de todos y cada uno de los casos"

http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20100526/53933871955/la-onu-expresa-su-preocupacion-por-la-suspension-del-juez-garzon-baltasar-garzon-guerra-civil-franqu.html

Colombia reclama la intervención de Garzón


En Bogotá ya se reclama su presencia para que, como asesor del Tribunal Penal Internacional, se haga cargo de las investigaciones de 2.270 asesinatos de jóvenes colombianos por militares, a los que hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate para así lograr ascensos y cobrar recompensas. Los familiares de los asesinados enviaron este lunes una carta a Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe del TPI, en la que denuncian que en dos años de investigaciones han operado "mecanismos de hecho, jurídicos, políticos y otros que han socavado las posibilidades de conocer la verdad real y que haya justicia y una reparación integral". "Como víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias", piden al fiscal Moreno Ocampo la intervención del TPI en la investigación de "delitos de lesa humanidad", toda vez que "existe incompetencia de la administración de justicia y falta de voluntad política para conocer la verdad"

http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/res/20100526/53933898068.html?urlback=http://www.lavanguardia.es/premium/edicionimpresa/20100526/53933898068.html

Declaraciones: Prudencio Garzía (El País)

Profesor del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de la UNED. Fellow del IUS de Chicago.

Complejidad y simpleza del Caso Garzón

Lamentablemente, Garzón ha sido descabalgado. ¿Momentánea o definitivamente? "Suspensión cautelar", dice la resolución correspondiente. Qué palabras tan suaves para un golpe tan bajo. Enorme alegría para los torturadores pinochetistas, inmensa satisfacción para los secuestradores y asesinos argentinos, brindis con champán para los corruptos gürtelianos y sus valedores, empeñados en asegurarles la impunidad. Consternación y desesperanza para las víctimas del franquismo que aspiran a recuperar los restos de sus seres queridos que todavía yacen en fosas comunes y clandestinas.

Inevitable complejidad del caso, por una parte, frente a una pavorosa y descarnada simplicidad, por otra. La complejidad se deriva de interpretaciones muy diferentes del derecho y la moral. Una complejidad de suficiente magnitud para que las actuaciones del juez sean, al mismo tiempo, oficialmente reprobadas por determinadas instancias judiciales y a la vez enérgicamente defendidas por otros jueces y fiscales, nacionales y extranjeros, así como por destacados miembros de la comunidad académica nacional e internacional, que rechazan, con amplia argumentación jurídica, la posibilidad de imputarle el delito de prevaricación.

Nunca se repetirán suficientemente estos tres hechos concurrentes: primero, que la fiscalía no aprecia delito alguno y, en consecuencia, no formula acusación, oponiéndose tenazmente al procesamiento. Segundo, que tres magistrados de la Audiencia Nacional compartieron en su voto particular la interpretación del juez ahora acusado, posición favorable a su competencia para instruir la investigación sobre los miles de delitos de desaparición forzada producidos durante la Guerra Civil. Y tercero, que posteriormente algún juzgado local al que se atribuyó la competencia declinó asumirla, por entender -como Garzón- que esta correspondía precisamente a la Audiencia Nacional.

Resulta evidente, por tanto, la diversidad de enfoques posibles entre jueces honrados y, en consecuencia, la inherente complejidad de la cuestión. Pero numerosos juristas en España y en el mundo niegan rotundamente que el juez haya incurrido en esa flagrante injusticia, unívoca, deliberada, evidente, dañina y severamente punible que implica el grave delito de prevaricación. Como resumen de tales argumentos, podemos concentrar su idea central común recogiendo este pronunciamiento de la profesora Araceli Manjón-Cabeza, tras su exhaustivo análisis, rigurosamente legalista. Su conclusión es esta: "Prevaricación ninguna, incluso si algunas de sus actuaciones pudieran tildarse de erróneas" (diario La Ley, 23 de marzo de 2010).

Pero, junto a esta complejidad interpretativa, filosófica, moral, doctrinal, teórica y práctica (tan difícilmente compatible con el delito de prevaricación), surge el segundo ingrediente: la rotunda evidencia y patética simplicidad del factor central que motiva la situación actual. Y ese factor, de deslumbrante sencillez, no es otro que el ansia clamorosa y febril de muy poderosos sectores por eliminar del escenario judicial precisamente a aquel juez que se ha enfrentado a las más caracterizadas

siguientefuerzas delictivas del escenario político, económico y social.

En términos humanamente realistas, no se puede pretender que un magistrado actúe como viene haciéndolo el juez Garzón desde hace décadas sin pagar por ello un alto precio. Nadie puede enfrentarse con probada eficacia como hizo este magistrado contra el GAL, contra la trama Gürtel, contra ETA, contra los comandos operativos de esta y contra su complejo aparato político-militar (con impresionantes resultados); no se puede proceder impunemente contra los narcotraficantes gallegos y colombianos, contra los mafiosos italianos, contra los grandes blanqueadores de dinero negro en España y su conexión con paraísos fiscales próximos y lejanos; ni encerrar a un bárbaro dictador latinoamericano considerado universalmente como intocable (caso Pinochet, años 1998-2000), ni procesar a la serie de asesinos y torturadores argentinos y chilenos hoy encarcelados en sus países respectivos, en gran parte gracias a los autos dictados por el juez Garzón desde 1996; nadie puede, en una palabra, sacudir tan fuerte y en tantas direcciones saliendo indemne de todas ellas. Nadie puede atreverse a tanto sin pagar por ello, antes o después.

Nadie puede labrarse una trayectoria con tantos contundentes aciertos (incluso con los inseparables errores que acompañan a la acción humana) sin ser castigado por tan desmesurada osadía. No resulta posible que alguien se meta en tantos y tan venenosos jardines sin ganarse una larga serie de enemigos mortales, aquí y fuera de aquí, en el ámbito político y también en el judicial, en el partido del Gobierno y en el de la oposición, en las filas terroristas, mafiosas, corruptas y demás diversas calañas, salvando las distancias de sus muy distintos niveles de criminalidad, sin olvidar las tramas madrileñas, valencianas y de otras latitudes, en muy distintas áreas del negocio de la corrupción aledaña al poder. Fuerzas delictivas de toda laya que, antes o después, tropezaron, para su desgracia, con la resuelta -y muchas veces arriesgada y comprometida- ejecutoria del juez Garzón. Arriesgada, comprometida y cara. La entereza tenía un precio. Y un precio muy caro, que ahora se le hace pagar.

Señalemos, por otra parte, que en su día la ONU recordó a España que seguimos manteniendo un triste récord de dudoso mérito: el mayor número de cadáveres no identificados e ilegalmente enterrados, superior a los existentes en cualquier otro país de nuestro entorno. Fenómeno ya difícilmente tolerable por su contumaz persistencia siete décadas después del drama que lo generó. Más de 100.000 víctimas secuestradas, asesinadas y desaparecidas en la más flagrante ilegalidad (sin juicio, sin defensa, sin certificado de defunción) se incluían en las listas aportadas por Garzón cuando este se declaró competente para tal investigación. A este crimen (secuestro, asesinato y entierro clandestino) el actual derecho internacional le llama "delito de desaparición forzada", definido y asumido como tal por la ONU con carácter de crimen de lesa humanidad no prescriptible.

Este criterio jurídico, de amplio predicamento desde hace décadas, está permitiendo en otros países juzgar y castigar a numerosos secuestradores, torturadores y asesinos por delitos cometidos décadas atrás. Aquí, en cambio, no se pretendía ya encarcelar a nadie, sino establecer unas áreas importantes de la verdad histórica, y de una digna y justa reparación. Sin embargo, la existencia de esa figura jurídica, que ya cuenta con una jurisprudencia internacional, es sistemáticamente ignorada por la ruidosa jauría que ha acorralado a Garzón, buscándole con ansia la yugular. Necesitan ignorar ese decisivo dato -con toda su carga jurídica y jurisprudencial- para poder mantener su injusta acusación.

Nadie fuera de España lo comprende. En cambio, aquí, un gran número de ciudadanos lo comprenden demasiado bien. Frente al letal argumento de sus enemigos -prevaricación y punto-, para numerosos españoles el factor clave que subyace tras la suspensión de Garzón es muy distinto: Gürtel y punto. Es mucho lo que algunos no le perdonan, pero en la coyuntura presente, si hay algo que no le perdonan por encima de cualquier otro factor es precisamente este: su eficaz investigación sobre la escandalosa trama de la corrupción. He ahí el máximo motivo de algunos para triturarle, y no la inexistente prevaricación.

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Complejidad/simpleza/caso/Garzon/elpepuopi/20100526elpepiopi_4/Tes

Declaraciones: Jose Antonio Martín Pallín (El Periódico)


Magistrado. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.

Por encima de la ley

El debate sobre la causa penal abierta al juez del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha adquirido dimensiones mundiales y provocado pronunciamientos desde todos los rincones de la tierra. La controversia jurídica se ha inclinado abrumadoramente a favor de los que propugnamos la necesidad y la obligación de perseguir los crímenes de una dictadura que fue condenada por la opinión pública internacional hasta el final de sus días. La Cumbre Europa Iberoamérica y el Caribe, desarrollada hace unos días en Madrid, participa de esta corriente y de forma en cierto modo admonitoria nos recuerda la obligación de adoptar las medidas necesarias para erradicar la impunidad de los crímenes contra la humanidad.

La resolución judicial que ha considerado prevaricadora una parte de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo sitúa el delito de rebelión militar, cometido por los militares golpistas contra la legalidad y el Gobierno republicano, en sus justos términos jurídicos, democráticos e históricos. El juzgado decide investigar también las más de 100.000 desapariciones precedidas por ejecuciones extrajudiciales y «los casos de aquellas personas que durante su primera infancia o preadolescencia fueron ‘sustraídos’ ‘legal’ o ilegalmente a su madres naturales durante la guerra o principalmente tras la misma, con la cobertura aparente del Estado». A partir de estos datos incontrovertibles, los argumentos a favor o en contra de la decisión judicial deben extraerse del derecho interno y del derecho internacional incorporado a la legislación española, al que todos debemos someternos por imperativo constitucional. Por eso resulta llamativo que personas con responsabilidades políticas relevantes y profesionales del mundo del derecho pretendan despachar la cuestión acudiendo a la simplificadora y rupestre argumentación de que nadie está por encima de la ley. Para llegar a esta obvia conclusión sin ruborizarse es mejor el silencio.
La inmunidad e inviolabilidad por crímenes contra la humanidad está en franco retroceso y ya no alcanza ni a los jefes de Estado. A partir del caso Pinochet, la Cámara de los Lores delimitó sus exactos y restrictivos límites. Dijo la mayoría que seguía vigente la inmunidad de los jefes de Estado por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, pero advertía de que no son funciones propias de un jefe de Estado torturar, ordenar ejecuciones sin garantías ni practicar sistemáticamente la desaparición forzada de personas mediante asesinatos extrajudiciales.

Nuestra Constitución reconoce la inviolabilidad de la persona del Rey y la coloca a resguardo de responsabilidades penales. Sin embargo, esta declaración debe ser matizada y reinterpretada a la luz del valor constitucional de los tratados firmados por España y, concretamente, el Estatuto de la Corte Penal Internacional que elimina la inviolabilidad de los jefes de Estado cuando cometan delitos castigados como genocidios de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
A propósito de la igualdad ante la ley, conviene recordar que tampoco el Tribunal Supremo, como institución, y sus componentes, como individuos, pueden ignorar la ley y situarse por encima de los mandatos expresos que se contienen en las normas. Volviendo a la investigación abierta por el juez del Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional, la resolución judicial del juez Baltasar Garzón, que pone en marcha los procesos que han llevado a su inculpación como prevaricador, abarcaba varios sucesos relacionados con la guerra civil a los que ya hemos hecho referencia, que debieron ser valorados por parte del órgano judicial que está conociendo el enjuiciamiento, suspensión y futuro juicio del imputado. El juez Garzón puso en marcha, el 16 de octubre del 2008, una investigación con varios frentes. En primer lugar, destaca que los hechos que le habían sido denunciados nunca han sido investigados penalmente por la justicia española. El espacio reducido de un artículo periodístico nos obliga a fijarnos en un caso llamativo, que sitúa a los magistrados que llevan la causa en el Tribunal Supremo por encima o al margen de la ley.

Al margen de la discusión jurídica sobre la vigencia y alcance de la ley de amnistía, de 15 octubre de 1977, lo cierto e inamovible jurídicamente, desde que nuestro país estructuró el proceso penal en el año 1882, es que todo lo relativo a la concurrencia o no de la amnistía o indulto es una cuestión que debe dilucidarse dentro de un proceso penal. Es decir, lo ortodoxo, como ha hecho el juez Garzón, es abrir el proceso y, después de fijado el hecho y el posible autor, discernir si en el trámite previo al juicio oral o en la misma sentencia los hechos se declaran o no amnistiados. Esto ha sido así durante más de un siglo y no comprendemos las razones esgrimidas para cambiar el orden legal todavía vigente. Primero, investigar judicialmente y, después, si procede, amnistiar.

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=716541&idseccio_PK=1498

martes, 25 de mayo de 2010

Actualidad 25/05/2010


Baltasar Garzón en La Haya

Garzón ha tenido varias reuniones en su primer día de trabajo completo en la fiscalia de la CPI. Seguramente habrán tratato, entre otros temas, el trabajo concreto que realizará Garzón en la Fiscalía de la CPI ya que todavía se desconocen las áreas concretas o paises en los que trabajará.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=396022


La Audiencia Nacional solicita al CGPJ un sustituto de Garzón


La AN ha solicitado al CGPJ que saque la plaza a concurso para que el nombramiento se produzca en un plazo de un mes. Tanto el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y el secretario de Gobierno del tribunal, Luis Martí Contreras, indicaron que el sucesor de Garzón se hará cargo del Juzgado Central de Instrucción número 5 en "comisión de servicios con relevación de funciones", por lo que su dedicación al tribunal será "exclusiva y temporal".

La AN abre un plazo de diez días para que el CGPJ publicite el concurso y se lo comunique a los tribunales superiores de justicia de toda España, a fin de que los interesados, que deberán tener la condición de magistradros. puedan optar a la plaza del juez Garzón.

El nombramiento correrá a cargo del CGPJ, que elegirá al magistrado que dirigirá el Juzgado Central de Instrucción número 5 tras evaluar un informe de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional en el que se explicitarán, "con arreglo a criterios de objetividad", el candidato o la terna de candidatos que optan a hacerse con la plaza.

http://www.publico.es/espana/315385/audiencia/nacional/quiere/sustituto/garzon/mes/magistrado/juez/cgpj

lunes, 24 de mayo de 2010

Declaraciones: Vicenç Navarro (El Plural)



Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

¿Es el PP franquista?

A primera vista tal pregunta parecería una provocación, pues el Partido Popular es un partido que se define como demócrata, participando en la vida política según las reglas del juego electoral definido en el Parlamento español, las Cortes, que según la narrativa oficial es la máxima expresión de la voluntad popular. Añádase a ello el hecho de que tal partido condenó, en las Cortes Españolas (el día 17 de Noviembre del año 2002), junto con los demás partidos, el golpe militar del 18 de Julio de 1936 en una resolución en la que se reconocía a quienes padecieron la represión de la dictadura. Parecería, pues, que el PP no se considera heredero del franquismo, al cual ha condenado, siendo un partido demócrata como cualquier otro. Hasta aquí el entendimiento reproducido por la sabiduría convencional del país.

Sin embargo, hay múltiples indicadores de que hay una distancia entre la narrativa oficial y la realidad que tal narrativa intenta describir, comenzando ya por su oposición a referirse al franquismo de una manera explícita en aquella resolución condenatoria, limitándose a la utilización de un rechazo genérico a todos los “intentos de utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regimenes totalitarios” narrativa que tuvo que excluir referencias al golpe militar de 1936 para que el PP aprobara tal resolución. Implícita en aquella resolución existía, también, el supuesto de que en España habría podido aparecer una dictadura de opuesta ideología, supuesto erróneo que no quedaba avalado por ninguna evidencia. El PP, pues, nunca ha condenado el golpe militar y la dictadura que estableció, llamándola por su nombre.

El segundo indicador de sus raíces en el pasado franquista es que, a pesar de su discurso de apoyo a las víctimas de aquel régimen totalitario, en la práctica tal partido se ha opuesto a que se entierren y honren a los 150.000 asesinados por el bando golpista cuyos cuerpos están enterrados sin que se conozca todavía hoy -treinta años en democracia- el lugar donde se encuentran. Es fácil de entender que las familias de los desaparecidos no podrán encontrar, enterrar y homenajear a sus seres queridos, sin un mandato del Estado. El PP lo sabe y, a pesar de ello, se opone a que sea el Estado quien instruya tal mandato. Era fácil de prever que cuando el Tribunal Supremo admitió la denuncia de la Falange (el partido fascista de los golpistas) para enjuiciar al Juez Garzón por su intento de encontrar tales cuerpos y a los responsables de aquellos asesinatos, los jueces de instancias inferiores detendrían la búsqueda de los desaparecidos, tal como ha ocurrido. El PP no puede alegar ignorancia de las consecuencias de su apoyo al enjuiciamiento de Garzón. Y no se encontró incómodo en que fuera precisamente la Falange la que llevara a los tribunales al Juez Garzón. Antes al contrario, utilizó a la Falange para hacer el trabajo sucio que ellos deseaban que se hiciera. El PP quería y quiere parar el caso Gürtel, que muestra el grado de corrupción en el que se encuentra tal partido.

Durante la dictadura, los grupos económicos y financieros, así como los grupos corporativos, como la Iglesia (que también era, por cierto, un grupo económico, pues era uno de los mayores terratenientes afectado por la Reforma Agraria llevada a cabo por la República) que realizaron el golpe militar de 1936 y controlaron la dictadura (conocida como una de las más corruptas que ha habido en Europa) utilizaron a la Falange para hacer el trabajo sucio (el de asesinar a los que sostenían el estado demócrata de aquel tiempo). Salvando las distancias (pues existía una dictadura entonces y hay una democracia –aunque muy limitada- ahora) la relación entre la derecha española y la Falange (siendo esta última la responsable de silenciar a los adversarios) continúa. El instrumento político de las derechas utiliza ahora al partido fascista para silencias a sus adversarios. La oferta de ayuda a las familias de los vencidos, llevada a cabo incluso por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la Sra. Esperanza Aguirre, y realizada en un tono condescendiente e insultante (de lo cual es probable que ni ella fuera consciente), es un hecho que no puede ocultar la sistemática oposición que el PP ha expresado hacia tales ayudas, como también lo demuestra que no hayan colaborado con el gobierno central en la preparación del mapa de las tumbas de los cuerpos desaparecidos, y se haya votado en contra de la enmienda a la Ley de la Memoria Histórica que instruía al estado a encontrar a los desaparecidos y homenajearles.. Ni que decir tiene que hay excepciones y ha habido autoridades de tal Partido que han ayudado a las familias a encontrar a los desaparecidos. Pero la gran mayoría no lo ha hecho.

Tal comportamiento, sin embargo, es comprensible. Esta oposición del PP a que sea el Estado el que se encargue de facilitar el enterramiento de los desaparecidos es predecible, pues desenterrar estos cuerpos y darles el honor merecido incluye inevitablemente la crítica y la denuncia de aquellos que los asesinaron y el régimen que apoyó tales asesinatos. Y ello escocería al PP. En realidad, el mejor indicador de que el PP es un partido con identificación, simpatías y raíces franquistas es que se opone sistemáticamente a que se mire el comportamiento de aquel régimen, en el que sus antecesores (no sólo biológicos sino ideológicos) son responsables de aquellos crímenes. Estos descubrimientos debilitarían la fuerza del partido, a lo cual, lógicamente, se oponen.

Cuando el PP indica que no hay que mirar al pasado y centrarnos en el presente, está diciendo que desea continuar su enorme poder intelectual-cultural-político en este país, cuya vida política está más a la derecha que el resto de la UE, como consecuencia de que la derecha española se corresponde a la ultraderecha europea. Hoy la gran mayoría de fuerzas conservadoras y liberales en Europa (sean del signo que sean), y los medios próximos a ella, han condenado sin paliativos el hecho de que el Tribunal Supremo impidiera al Juez Garzón que investigara los crímenes políticos cometidos bajo el régimen franquista, que aún permanecen impunes. No así en España. La dirección del PP, unánimemente, se ha opuesto, como también lo ha hecho el 53% de sus votantes (según la encuesta Publicoscopico). La esperanza de las fuerzas democráticas es que la minoría de votantes de tal partido, el 34% que favorece tal investigación, llegue un día a convertirse en mayoría y que cambie la dirección ultraderechista de aquel partido, convirtiéndose en la derecha democrática europea, que España se merece, pero que todavía no tiene. Esperemos que, por el bien de todos, ello ocurra.

Concentraciones


Concentraciones 23/05/2010

Granada: Un grupo de familiares de víctimas del franquismo se ha concentrado frente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Granada, para pedir una vía judicial válida para denunciar los crímenes de la dictadura tras el proceso abierto al juez Baltasar Garzón. Respecto al procesamiento de éste ha señalado que “no es ni mucho menos lo peor” ya que, durante treinta años de democracia el Estado ha “blindado los crímenes” y se ha “comprometido con su defensa” provocando “el maltrato que han seguido sufriendo las víctimas incluso después de la aprobación de la Ley de Memoria”. Los participantes leyeron un manifiesto por la “verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo” y se han recitado poemas en solidaridad con los “no menos de cien mil desaparecidos”

Toledo: El Foro por la Memoria de Toledo celebró ayer una concentración a las puertas de la Audiencia como hace cada trimestre. Su presidente, Emilio Sales, afirmó que "No hay intención de dar pasos adelante" y que "No hay persona en la provincia de Toledo que se libre de tener una fosa común". Por este motivo, sostuvo la necesidad de seguir reivindicando las exhumaciones, la anulación de los juicios sumarísimos, la condena al franquismo y la investigación relacionada con la Memoria Histórica para devolverle la luz a esa memoria silenciada. No perdió la oportunidad de aclarar que el juez de la Audiencia Naciona, Baltasar Garzón "ha puesto en primera línea las reivindicaciones que llevamos reclamando muchos años, pero el árbol no nos puede impedir ver el bosque"

Segovia: Más de 100 personas se reunieron en la Plaza Mayor de Segovia para apoyar a Baltasar Garzónb bajo el lema ‘Verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo’, los allí presente cuestionaron que una democracia pueda "condenar a un juez por investigar los crímenes de una dictadura" y aseguraron que para el conjunto de la ciudadanía ajena al mundo judicial este hecho resulta "sorprendente". Desplegaron una pancarta en la memoria de los 360 fusilados segovianos, con fotografías de algunos de ellos.

Actualidad 24/05/2010

Primer día de Garzón en La Haya (El País)

Hoy Garzón ha iniciado su periodo de 7 meses en la Haya como consultor del Fiscal jefe de la CPI. A su llegada ha declarado "Mi labor aquí es la de consultor. Vengo a colaborar en lo que pueda, en función de mi experiencia. No puedo abrir investigaciones. No vengo como juez. Vengo a hacer lo que me pida el fiscal" "Me encuentro bien, un poco abrumado. Esto es un reto profesional importantísimo porque es un ámbito que conozco sólo desde la perspectiva teórica, pero no práctica. La dificultad de investigar sobre el terreno, de obtener pruebas, el no disponer de una fuerza policial propia, tener que garantizar la seguridad de los testigos... Todo es mucho más grande. En vez de dos centenares de víctimas, tenemos dos millones y medio. Para mí va a ser muy enriquecedor porque voy a ver los crímenes que siempre he perseguido desde una perspectiva única". Ha afirmado que sigue pensando lo mismo que cuando entró en la Audiencia Nacional, que no se iriá hasta que viviera el fin del terrorismo, pero la vida sigue "No fue bueno planteárselo como un reto personal"

Acaba de llegar y algunos ya piensan en él como el sustituto de Ocampo (le quedan dos años) que pretende elaborar un protocolo de actuación
"y para eso Garzón es perfecto". Y añade: "El fiscal de la Corte Penal Internacional lo deciden los Estados. Está ayudándome a mí. Si lo quieren poner... Garzón tendrá que decidir, es un apasionado de la justicia universal"

Para Ocampo
"La justicia universal ha sufrido un retroceso en el orden legislativo en España con una norma que la limita, pero que ya ha sido abordada por el defensor del pueblo en una resolución de enero de este año, que dice que hay que interpretarla a favor de la investigación, y en ese sentido hay un campo muy amplio de interpretación".

Ojalá que desde la Haya pueda hacer lo que aquí no le dejaron.

Ayuntamiento de Palencia retirará los honores a Franco (ABC)

El Ayuntamiento ha anunciado su intención de retirar la Medalla de Oro a Franco además de las calles dedicadas a señalados franquistas

Declaraciones: Luis Moreno-Ocampo a El País

Moreno-Ocampo es Fiscal Jefe de la CPI

La Corte Penal Internacional y el rol de Baltasar Garzón

Desde junio de 2003 tengo el privilegio y la responsabilidad de conducir la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Nuestra misión es terminar con la impunidad de los crímenes que una y otra vez dijimos que no se iban a repetir, solo para ver que eran cometidos una y otra vez: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

El Estatuto de Roma, que se aprobó en 1998, sirvió para crear algo más que la Corte Penal Internacional. Transformó el "nunca más" de una promesa moral en un deber jurídico. Los Estados se comprometieron a castigar estos crímenes; aceptaron que si ellos no lo hacían, otro tribunal, la Corte Penal Internacional, independiente y permanente, podía intervenir en su territorio con su apoyo.

La Corte es la parte más visible de la red, pero su fuerza radica en el compromiso de los 111 países que han ratificado el Estatuto de Roma y en ciudadanos activos de todo el mundo.

El acuerdo de Roma se firmó sin carácter retroactivo, para crímenes cometidos después de 2002. No se pueden investigar, por tanto, ni los crímenes cometidos bajo las órdenes de Pinochet o el apartheid en Sudáfrica.

Colombia es una muestra de cómo funciona el nuevo sistema. Las autoridades colombianas se han comprometido a investigar los crímenes cometidos en su territorio y me han invitado repetidas veces para comprobar los esfuerzos que realizan. Mi primer deber es no investigar cuando las autoridades nacionales lo hacen.

Otro ejemplo es Kenia. Aunque el Parlamento keniano no llegó a un acuerdo para realizar juicios nacionales sobre los crímenes cometidos después de las elecciones de diciembre de 2007, las autoridades aceptaron que la Corte abriese una investigación independiente.

Cada caso de la Corte tiene consecuencias en todo el mundo. Nuestro primer juicio fue contra un líder del Congo por usar niños de menos de 15 años como soldados. Y aun antes de la sentencia, el caso tuvo impacto en Nepal, donde más de 3.000 niños fueron desmovilizados.

También tuvo consecuencias la orden de arresto contra el presidente de Sudán, Al Bashir, por crímenes en contra de los ciudadanos de Darfur, a pesar de que todavía no ha sido ejecutada. La orden cambió para siempre el manejo de los conflictos internacionales. Las víctimas no pueden ser ignoradas en la mesa de negociación. No hay más impunidad para jefes de Estado que cometen crímenes masivos. Su destino es enfrentar la justicia.

Mi responsabilidad en el Tribunal de La Haya incluye construir los cimientos de una institución que debe prestar un servicio de justicia en todo el mundo y por los siglos que vienen. Fui nombrado por mi experiencia como fiscal adjunto en el Juicio a las Juntas, realizado en Argentina en 1985, el primer juicio a los máximos comandantes por crímenes masivos realizado después de Núremberg. Ese proceso me entrenó en cómo investigar crímenes masivos sin contar con el auxilio de la policía. Me mostró también cómo la justicia puede ayudar a reconciliar a una sociedad dividida. Antes del juicio mi mamá creía que yo estaba cometiendo un grave error, creía que el general Videla era igual a su papá, mi abuelo, que también era general. No pude convencerla, el juicio lo hizo. Poco después de haber comenzado las audiencias de testigos me dijo: "Le sigo queriendo a Videla, pero tiene que estar preso".

Para llevar a cabo mi labor, pido colaboración a los que considero los mayores expertos del mundo: Lord Goldsmith, ex fiscal general de Reino Unido, que revisó mi presentación del primer caso; Catherine Mackinnon, que creó el concepto de justicia de género, es mi asesora en el área; o Mireille Delmas-Marty, de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia.

Le agradezco a España, que ha liderado la adopción del Estatuto de Roma, por permitir que Baltasar Garzón se sume a partir de hoy y por siete meses a nuestro equipo. Somos 300 personas de 70 países distintos. Tenemos que ser un equipo eficiente y consistente. Garzón nos va a ayudar a desarrollar algunas áreas de nuestro Manual de Operaciones. Su experiencia en investigaciones nacionales e internacionales sobre crímenes cometidos por miembros del Estado o de organizaciones criminales va a permitir que desarrollemos nuevos métodos de investigación.

Declaraciones: Pierre Piccinin, Carta al Director a El País

Piccinin es profesor de la Escuela Europea de Bruselas

Por haber querido abrir un osario de la época de la Guerra Civil, donde esperaban víctimas del Gobierno franquista, el juez español Baltasar Garzón se ha visto suspendido de sus funciones.

En 1936, el Frente Popular, la unión de las izquierdas, ganó las elecciones y decidido a renovar aquella España que, en muchos aspectos, no había entrado aún en el siglo XX. Pero la oposición de los potentados no se hizo esperar: el 18 de julio, fue el golpe de Estado de los generales, con Franco a la cabeza. Tras cuatro años de Guerra Civil, los rebeldes, apoyados secretamente por Estados Unidos y Reino Unido, consiguieron aplastar la República, que solo contó con la ayuda de la Unión Soviética.

El franquismo no fomentaba ninguna ideología en particular; ni fascismo ni nazismo. Es la reacción, sin piedad, de los que tenían todo y no querían que eso cambiara: una dictadura de 40 años que paralizó la sociedad e impidió todo avance social. Significó el exilio para casi medio millón de los que habían defendido la República.

Se restableció la democracia, pero con dos condiciones: hubo Monarquía constitucional y no República; no hubo persecución alguna de los golpistas ni de los torturadores que los respaldaron.

Algunos protestarán, víctimas, hubo en los dos campos... Pero no fueron los republicanos los que derrocaron la democracia con un golpe de Estado y los que enviaron a miles de personas al pelotón de ejecución.

Rousseau decía: "No hay libertad sin justicia". Baltasar Garzón solo quiere devolverle a España su libertad.

Declaraciones: Santos Juliá a El País 23/05/2010

Santos Juliá es Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense y catedrático del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED

Sobre la impunidad de los crímenes del franquismo

Como define sobriamente el DRAE, impunidad es falta de castigo e impune es el que queda sin castigo. Los crímenes del franquismo quedaron sin castigo, ante todo, porque los vencidos en la guerra civil, desde el exilio o en el interior, no pudieron abrir una causa contra los culpables y, sobre todo, porque los vencedores en la Guerra Mundial, tras someterlos a cuarentena, decidieron hacer buenos negocios con ellos. Gran Bretaña fue, como no se cansó de repetir el presidente Azaña, el primer enemigo de la República en la guerra civil, y Estados Unidos y el Vaticano, flanqueados por Francia y Reino Unido, fueron los principales socios sobre los que, durante años sin fin, pudo Franco consolidar su poder.

La alianza estratégica de las democracias occidentales con la España de Franco duró hasta la muerte del dictador. Mientras tanto, nadie, ningún juez, ningún fiscal -funcionarios al servicio de la legalidad del régimen, fuera cual fuese la ideología de cada cual- tuvo la oportunidad de abrir una causa penal contra los responsables de aquellos crímenes. Luego, ninguno de esos mismos funcionarios, ya al servicio de la legalidad democrática, reclamó la aplicación de lo que ahora llamamos justicia internacional para el caso español. El primero en hacerlo ha sido Baltasar Garzón que, modificando la definición de los tipos delictivos aplicables, abrió en 2008 una causa penal contra los autores de crímenes.

Pero este juez tomó sus precauciones para asegurarse de que del procedimiento penal no se derivara la posibilidad de sentar en el banquillo a ningún culpable. Porque "crímenes del franquismo", además de los asesinatos de la guerra civil, fueron, entre otros, la muerte por torturas del secretario general del PSOE Tomás Centeno en 1953; o el fusilamiento del dirigente del PCE Julián Grimau, 10 años después. Garzón limitó, sin embargo, el periodo de su investigación -en realidad: un auto basado en investigaciones publicadas por decenas de historiadores- hasta el cambio de gobierno de 1951, ocasión y fecha arbitrarias si no se recuerda que quienes fueron ministros hasta ese año, en 2008 estaban notoriamente muertos, como dejó escrito en su auto: eran sospechosos que quedarían sin castigo, o sea, impunes, aun en el caso de que su crimen hubiera sido contra la humanidad.

Es irrelevante saber qué buscaba Garzón con su auto, allá él; lo que sí se sabe es lo que no buscaba. Y lo que no buscaba era sentar en el banquillo ni a un solo culpable de los crímenes del franquismo, porque si ese hubiera sido el objeto de su instrucción no la habría limitado a 1951 ni reducido a 35 sospechosos muertos. Al establecer esa fecha límite y al identificar con nombres y apellidos a 35 altos cargos de la dictadura, el instructor sabía que en breve plazo, que pretendió alargar con alguna de sus martingalas, se vería obligado a cerrar el sumario. Y así fue. Al recibir los certificados de defunción, añadió a la evidencia de que los presuntos culpables habían fallecido, la sorprendente declaración de extinción de responsabilidad de todos ellos ¡porque estaban muertos!

Que, tras esta extinción de responsabilidad, los crímenes del franquismo sigan impunes ¿significa que no quede ninguna obligación legal hacia sus víctimas? En absoluto. Los gobiernos, primero del PP, luego del PSOE, tienen encima de la mesa desde hace varios años demandas de familiares de buscar, exhumar, identificar y dar digno entierro a las víctimas de aquellos crímenes. Los familiares están en su derecho -como lo están en el suyo los que prefieren mantener las fosas como lugares de memoria- y los poderes públicos en la obligación de atenderlos. Para cumplir ese deber, no hacía falta enredarse en causas penales contra muertos impunes ni perderse en debates sobre leyes de memoria; bastaba una instrucción del Gobierno que recordara a jueces y forenses la obligación legal de exhumar cadáveres enterrados en fosas, destinando a esa tarea los funcionarios que fuera menester.

Por razones que el Gobierno sabrá, no lo ha hecho, y de esa abdicación se ha derivado el intento de proceder a las exhumaciones por la vía penal bajo el falso pretexto de que no queden impunes crímenes cometidos hace más de 70 años. Ante la evidencia de que, 70 años después, todos los posibles culpables han muerto, sería mejor que cada uno cumpliera su deber, comenzando por el Gobierno y siguiendo por estos jueces que se dedican a sustanciar, sobre los crímenes del franquismo, sus viejos rencores políticos.

domingo, 23 de mayo de 2010

Declaraciones: Cristina Almeida 22/05/2010

Abogada y ex diputada de IU

En España la justicia es lenta. Es lenta para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Es lento el Tribunal Supremo para resolver recursos. Es superlento el Constitucional para renovarse, gracias a que su situación actual aprovecha a determinados partidos políticos, y es provocadoramente lento para resolver un recurso por encima de voluntades autonómicas, acuerdos parlamentarios o referendos ciudadanos. Es lenta, sí, y eso ya no es justicia.

Pero estoy asombrada de la rapidez que tiene cuando quiere realizar injusticias o perpetrar atropellos jurídicos. Me imagino al magistrado Luciano Varela trabajando mañana, tarde y noche para resolver en un solo día más de cinco recursos, y en algún caso, sobre todo cuando se quiere defender a sí mismo, con muchísimos folios. Todo ello con una finalidad: que llegue al Consejo del Poder Judicial un auto apresurado, pero suficiente para él, por la finalidad que persigue, en el que inicia el juicio oral contra Baltasar Garzón. Un Garzón al que, por supuesto, Varela le ha denegado todas sus pruebas, al tiempo que se las ha admitido al seudosindicato Manos ¿qué?, al que, además, cual maestro ejemplar, le ha dictado, a su gusto, un escrito de acusación. El que supuestamente era el juez, con sus lecciones magistrales a Manos ¿qué?, se ha convertido de hecho en el único acusador de Garzón. Y todo ello en 24 horas. ¿Habéis conocido alguna vez, ciudadanos, profesionales del Derecho, tal rapidez?

Y en cuanto al Consejo del Poder Judicial, ¿habéis observado la celeridad sorprendente de que en dos días se convoquen las reuniones necesarias para poder suspender al juez Baltasar Garzón, y esta se acuerde con presteza y unanimidad? La consumación de la injusticia fue rápida, en dos horas despacharon el tema y, acto seguido, llamaron por teléfono a Garzón para decirle que estaba suspendido en sus funciones y que tenía que dejar la Audiencia Nacional. Y ahí se terminaron las prisas. Misión cumplida: el juez Garzón había sido humillado.

Se rechazó incluso la posibilidad de dar una salida digna, por temporal que fuera, al asunto accediendo previamente a que Garzón se fuera en comisión de servicios a La Haya. Esto ya no tenía tanta prisa y se vería después. Porque somos mayoría los que tenemos la seguridad de que, en algún momento, nuestros tribunales verán la razón y desmontarán toda esta trama de envidias, rencillas y disparates jurídicos que estamos viviendo, y de que, si llega a ser juzgado, Garzón será absuelto.

Se nos ha dicho que el Consejo del Poder Judicial no tenía más remedio que suspender al magistrado una vez que había recibido el auto de apertura del juicio oral. ¿Pero se preocuparon sus señorías del Consejo de averiguar el porqué de la rapidez del juez Varela? Si ese auto es firme porque en principio no tiene recurso, ¿no recibieron ninguna noticia de que penden otros varios recursos ante la Sala del Tribunal Supremo, algunos de ellos de suma importancia, para no consumar este ataque sin precedentes a Garzón?

Quiero recordar que existen dos recursos, de importancia extrema, para resolver antes de seguir adelante. De un lado, la defensa de Garzón ha presentado recurso contra otro auto del rápido Varela haciendo constar que la instrucción no estaba terminada puesto que estaba recurrida la denegación de la totalidad de las pruebas solicitadas por el magistrado, lo que supone una absoluta indefensión.

Por otra parte, tanto el ministerio fiscal como la defensa de Garzón presentaron recursos de nulidad de actuaciones ante lo insólito del actuar del instructor dando instrucciones precisas tanto a Falange como a Manos ¿qué? para que volvieran a hacer los escritos de acusación en la forma que él les indicaba, lo que evidencia una actuación totalmente contraria al procedimiento. El ministerio fiscal solicita que se tengan por no hechas en forma esas acusaciones y, en consecuencia, se archive el procedimiento.

Pero eso no importaba. Los miembros del Consejo ni tan siquiera concedieron una oportunidad a la Sala para conocer esos recursos determinantes a la hora de seguir o no con la acusación. Solo les interesaba suspender a Garzón. Los derechos y la justicia, ya se verá.

Sé que hay muchos jueces que no comparten esta concepción de la justicia. Sé que hay muchos que realizan un cotidiano trabajo, a veces extenuante, para impartir justicia a los ciudadanos. A todos y a todas les muestro mi respeto. Pero sí quiero expresar mi más rotunda indignación por lo que está ocurriendo con Garzón.

Después de 42 años como abogada, muchos luchando por una justicia democrática, que para nada existía en mis primeros tiempos de duro ejercicio profesional, cuando defendía a trabajadores y presos políticos durante el franquismo, no puedo quedarme impasible ante la posibilidad de que en nombre de la justicia, que recuerdo que "emana del pueblo", se puedan cometer este tipo de atropellos. La sociedad necesita sentirse amparada por la credibilidad y la confianza en sus instituciones de justicia, y hoy esa credibilidad está totalmente en entredicho, no solo en España, sino en todos los países democráticos.

Por ello termino al contrario de como empecé: la injusticia es rápida

Declaraciones: Julián Casanova en El País 23/05/2010


Julián Casanovas es Catedrático de Historia Contemporanea en la Universidad de Zaragoza

Tribuna: Sinfonía de maldad

El proceso de acoso y derribo al juez Baltasar Garzón ha abierto nuevas vías para repensar la historia de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco y para examinar las formas en que los españoles hemos intentado durante la democracia "superar" aquellas experiencias traumáticas. Parece un buen momento además, dada la cantidad de inexactitudes y falsedades que se han dicho y escrito, para incitar la discusión sobre los usos de las memorias y los mitos en la construcción de ese pasado. Los historiadores, al menos, deberíamos hacerlo, pese a los límites y dificultades que una tarea de ese tipo siempre encuentra en la sociedad española.

Varias cuestiones han salido a la luz con toda su crudeza en los últimos meses. La primera es muy obvia: en lo que se refiere a la Guerra Civil y a la dictadura, algunos prefieren estimular la ignorancia antes de promover el conocimiento. Son los que repiten desde la política y los medios de comunicación que están hartos de memoria, de historia de la Guerra Civil y de la dictadura; que, con la que está cayendo, su expresión favorita, ya vale de mirar al pasado. No tienen ningún problema, sin embargo, en recordar o reinventar, para adaptarla a su gusto, la historia de la Reconquista, de los Reyes Católicos, del descubrimiento de América, de la grandeza de la monarquía imperial o de la gloriosa Guerra de la Independencia. Solo usan la historia que les sirve para conmemorar su maravilloso presente como políticos.

En varios países de Europa occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso en los años cincuenta, como sucedió en Francia con un grupo de soldados alsacianos de las SS, muchos criminales fascistas fueron amnistiados en nombre de la reconciliación nacional. Tras el silencio sobre el pasado de fascismo y comunismo, resistencia y colaboración, hubo investigaciones que revelaron la parte más incómoda de esa historia y comenzó a discutirse sobre las implicaciones que la negación y ocultación de hechos criminales había tenido para la sociedad civil democrática. La educación de los ciudadanos sobre su pasado sirvió después de beneficio para el futuro.

Nada de eso ha ocurrido en España, donde se legitima a los verdugos franquistas por los supuestos crímenes anteriores de sus víctimas. Da igual que los historiadores presenten sólidas pruebas de que la Guerra Civil la provocó un violento golpe de Estado contra la República y de que esa guerra y la posterior dictadura fueron desastrosas para nuestra historia y para nuestra convivencia. Treinta y cinco años después de la muerte de Franco, demostrada hasta la saciedad la venganza cruel, organizada e inclemente que administró a todos sus oponentes, todavía tiene que aparecer un diputado o político relevante del Partido Popular que condene con firmeza el saldo de muerte y brutalidad dejado por las políticas represivas de la dictadura y defienda el conocimiento de esa historia como una parte importante del proceso de aprendizaje de los valores democráticos de la tolerancia y de la defensa de los derechos humanos. Todo lo que se les ocurre es recordar el terror rojo, como si la función del relato histórico fuera equilibrar las manifestaciones de barbarismo. Es como si para explicar el gulag y los crímenes estalinistas tuviéramos que recurrir a la represión de la policía del zar o a las tropelías del Ejército Blanco durante la guerra civil rusa.

La violencia política de los militares sublevados contra la República se llevó a la tumba a 100.000 personas durante la guerra y 50.000 más en la posguerra. El juez Baltasar Garzón quiso investigar las circunstancias de la muerte y el paradero de todas esas víctimas, abandonadas muchas de ellas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, enterradas en fosas comunes, asesinadas sin procedimientos judiciales ni garantías previas.

La lucha por desenterrar ese pasado, el conocimiento de la verdad y el reconocimiento jurídico y político de esas víctimas nunca fueron señas de identidad de nuestra transición a la democracia, y un sector importante de la sociedad muestra todavía una notable indiferencia hacia la causa de quienes padecieron tanta persecución. Los mitos y ecos de la propaganda franquista se imponen a la información veraz porque cientos de miles de personas poco o nada aprendieron en las aulas sobre esa historia y porque algunos medios de comunicación jalean y aplauden a los seudohistoriadores encargados de transmitir en un nuevo formato las viejas crónicas de los vencedores. No se trata para ellos de explicar la historia, sino de enfrentar la memoria de los unos a las de los otros, recordando unas cosas y ocultando otras, sacando a pasear otra vez las verdades franquistas, que son, como los mejores especialistas sobre ese periodo han demostrado, grandes mentiras históricas.

Se ha instalado entre nosotros la discordia y una sinfonía de maldad suena en España cuando se intenta rescatar del olvido y de la manipulación esas historias de víctimas y verdugos. Eso es lo que ha sorprendido tanto fuera de nuestras fronteras, en prestigiosos medios de comunicación: que en vez de investigar los crímenes del franquismo, se persiga a quienes, como Baltasar Garzón, han tenido el valor de exigir información, verdad y justicia.

Concentraciones del Sábado 22 de mayo















Ayer se sucedieron las manifestaciones por la Verdad, Justicia y Reparación y para apoyar a Baltasar Garzón:

Frente a las instituciones europeas en apoyo a Garzón: Unas 250 personas se manifestaron ante la sede del Parlamento Europeo en Bruselas para protestar por la suspensión del juez Baltasar Garzón y denunciar la persecución política del magistrado por investigar el franquismo. Entre los manifestantes se encontraban españoles, chilenos y belgas además de asociaciones belgas como el Frente Antifascista o la Asociación de la Memoria. Los manifestantes marcharon por el área institucional de la ciudad hasta llegar a la embajada de España en Bruselas y destacaron la labor de Garzón por la Justicia internacional y recordaron que los crímenes del franquismo son crímenes contra la Humanidad que ni prescriben ni deben ser ocultados.

En Sevilla más de un centenar de personas se dieron cita en la Plaza de la Gavidia bajo los lemas
para "Sin Justicia no hay Memoria” y “Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo"exigir que la justicia no puede quedarse al margen del proyecto de la recuperación de la memoria histórica, ya que estamos construyendo un modelo de estado basado en la impunidad de los crímenes cometidos sobre las personas que lucharon por la libertad y la democracia. La concentración estuvo centrada en que ahora mismo Garzón es una víctima más del franquismo, y se exigió al Gobierno y al Grupo Parlamentario que lo sustenta proceda a adoptar de modo inmediato las medidas pertinentes para que el Parlamento anule en el menor plazo posible las leyes que han sustentado la imputación del mismo por prevaricación, a saber: la Ley de Amnistía de 1977 y la Ley llamada de Memoria de 2007. Participaron asociaciones de toda Andalucía y cerraron el acto Alberto Cano “Sombrío”, rapero de Málaga, y Enrique Villarreal “El Droga”, vocalista de Barricada con dos fantásticas actuaciones.

En Madrid
La Federación Estatal de Foros por la Memoria Histórica se ha concentrado este sábado ante el Tribunal Supremo para exigir "verdad, justicia y reparación" para las víctimas del franquismo y para condenar las querellas contra Baltasar Garzón. Según su presidente, José María Pedreño, debería hacerse una ley que declare la nulidad de todos los actos jurídicos represivos del franquismo, o crear un juzgado especializado competente para buscar y abrir fosas de represaliados. Además afirmó que las querellas interpuestas contra el juez de la Audiencia Nacional "sirven como medida para amedrentar a todos los jueces que intenten aplicar el derecho penal internacional", e incluso a las asociaciones que ahora realizan el trabajo que "tendría que estar haciendo el Estado".


En Zaragoza varios cientos de personas se reunieron en la Plaza de España
en demanda de una ley que dignifique a las víctimas del franquismo, así como su equiparación con los afectados por el terrorismo de ETA. Aprovecharon la concentración para apoyar a Garzón. La organización de la concentración corrió a cargo de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA). En el manifiesto leido al final de la concentración se afirmaba que "La investigación de los crímenes del franquismo es inaplazable" y reclamaban una ley que "equipare con la misma consideración, respeto y reparación" a las víctimas del franquismo con las de ETA y que dé el mismo trato "a los apologístas de ese régimen criminal" con los que ampara a la banda terrorista. Sobre la suspensión de Garzón su presidente, Enrique Gómez. afirmó que la justicia española "en lugar de dar soluciones, está agrediendo a la memoria de las víctimas del franquismo". "Están intentando cargarse un juez que es el único que ha tratado de acabar con la impunidad de los crímenes franquistas", aseveró. Por ello, pidió que "las víctimas deben sean asumidas por la democracia. "El tiempo no legitima el olvido".

Arenas de San Pedro: La Asociación Foro por la Memoria del Tiétar y la Vera ha celebrado una concentración de protesta por la "falta de respuesta" de los juzgados de Arenas de San Pedro para aplicar la Ley de la Memoria Histórica en la comarca.
La asociación criticó la “actitud de indiferencia e inhibición por resolver las causas de las múltiples denuncias presentadas sin que se abran sumarios de investigación y esclarecimiento de los casos de desaparición forzosa, testimoniados y documentados, que se produjeron desde el 18 julio de 1936 y durante el gobierno de la dictadura franquista”. También se aludió a la suspensión del juez Baltasar Garzón y se exigió que la Administración del Estado “asuma todas sus competencias en esta materia” para “recuperar el pasado de tantos miles de desaparecidos y asesinados”.

En Elche se concentraron ante el Palacio de Justicia
para reivindicar “la verdad, la justicia y la reparación para las víctima del franquismo”. Convocados por el Foro por la Memoria y la Plataforma de Ciudadanos por la República. El portavoz de los manifestantes, Sergi Sanchiz, explicó que “estamos siguendo el trabajo que empezó ya hace muchos años por la recuperación de la memoria histórica”, una labor que dijo, “se ha revitalizado ahora por la causa que ha habido contra un juez”, en referencia a Garzón.

viernes, 21 de mayo de 2010

Actualidad: 21/05/2010

Familiares de muertos y desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo han afirmado esta tarde que la bofetada dada a Garzón también se la han dad a ellos pues "sólo quieren cerrar el cículo". Estas declaraciones las han realizado en la presentación de la convocatoria que tendrá lugar mañana para que se investiguen los "crímenes del franquismo".

El portavoz de la Asociación por la recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, Quique Gómez, ha comunicado que estas movilizaciones se repetirán mientras dure la persecución "al único juez de España que ha cogido el toro por los cuernos" en clara referencia a Garzón. Le "llama la atención" la agilidad con la que está actuando la justicia para "tapar las salidas que se estaba buscando el juez".

Exigen el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica para "satisfacer las justas demandas de los familiares de los asesinados, dándoles por fin, verdad, justicia y reparación no solo a ellos y a los asesinos olvidados, sino a una sociedad española que sólo podrá reclamarse democrática cuando lo lleve a cabo" además de pedir a las Cortes que "den un paso adelante" en la investigación y resarcimiento de estos crímenes.

Declaraciones de apoyo a Garzón: Políticos


-Felipe González, ex presidente del Gobierno
Con el debido respeto a la independencia de la justicia, lo que está ocurriendo es cuando menos inexplicable; y lo que no se puede explicar no puede ser justo. Por tanto, lo que está pasando me parece injusto ya, antes de que haya un pronunciamiento
Se puede equivocar o no, pero de lo que le acusan, no es un delito de prevaricación

-Iñaki Oyarzábal, secretario general del PP vasco
Es lamentable que Garzón se tenga que sentar en el banquillo acusado por la Falange

-Gaspar Zarrías
, secretario de Estario de cooperación territorial
La gente no entiende que la Falange siente en el banquillo a un juez que investiga los crímenes de la Falange
Aboga por recuperar la memoria de los muertos "sin rencor y sin odio"
A pesar de la petición de dimisión del PP por haber asistido al acto de la Complutense "de haber sabido la que se iba a montar, igualmente habría ido"
Asistió "en calidad de ciudadano y militante del PSOE en un país libre"

-Gaspar Llamazares, Diputado de IU
No respeta, ni acata ni obedece la suspensión a Garzón
Los miembros del CGPJ son "cómplices necesarios" en lo que considera un "linchamiento sumarísimo que se parece demasiado al tribunal de Orden Público

-
Pedro Castro, alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias

Asistió al acto de la Complutense por la "apuesta por la libertad, la democracia y por los sueños de cientos y cientos de personas"
Ha presentado en su ayuntamiento una propuesta mostrando su “solidaridad y apoyo” a Garzón, ante una “campaña de acoso y derribo”. Instando al CGPJ a “actuar con imparcialidad”

-Leire Pajín, secretaria de organización del PSOE
No puedo explicarme a mí misma ni a los amigos de América Latina que el mismo juez que sentó a Pinochet frente a un tribunal puedan condenarlo en España por querer juzgar la dictadura de Franco, la de su propio país.
Puede que lo peor de todo sea que algunos dirigentes políticos que aspiran a gobernar se les llenan ahora la boca diciendo que los jueces son los primeros que deben cumplir la ley pero no dicen nada sobre que los representantes públicos somos los primeros que deberíamos respetar a los jueces, a la policía y al Estado de Derecho.
Esta paradoja que hoy vivimos tiene unos autores formales, un sindicato de extrema derecha y Falange Española de las JONS, pero también hay autores intelectuales que quizá se escondan porque su odio les delata.