El congreso de JpD aprueba un documento a favor de Garzón
Los presentes en el XXV congreso
25 años de justicia democrática han firmado una comunicación en la que muestran la preocupación de los miembros de JpD -entidad de la que fue fundador el instructor de la causa contra Garzón por la investigación del franquismo, Luciano Varela- por el proceso abierto contra el juez y calificaban la actuación de Varela como "jurídicamente discutible" (74 votos a favor y 43 en contra).
"El encausamiento del juez Baltasar Garzón y su suspensión ha producido un fuerte rechazo de las organizaciones progresistas de ámbito nacional e internacional, de los defensores de los derechos humanos, de las asociaciones que luchan contra la impunidad de los crímenes contra la humanidad y por la recuperación de la memoria histórica", cita la resolución, cuya emisión ha sido aprobada por 64 votos a favor y 43 en contra durante el congreso. "Jueces para la Democracia, organización progresista de jueces y magistrados, por su historia y por lo valores que han inspirado tradicionalmente su actuación, no podía permanecer ajena a estos hechos".
http://www.elpais.com/articulo/espana/congreso/JpD/aprueba/comunicacion/favor/Garzon/elpepuesp/20100528elpepunac_14/TesPúblico, Los crímenes que España no investiga
Los juzgados "heredaron" la polémica causa de Garzón van avanzando todos juntos en la misma dirección: archivar sin investigar. Salvo excepciones, la respuesta suele ser la misma en los juzgados territoriales, en las Audiencias Provinciales e incluso en el Tribunal Constitucional, que ya ha denegado el amparo cuando se le ha solicitado. Alos juzgados de instrucción remitió el juez material para investigar más de 114.000 desapariciones y crímenes que el fiscal de la Audiencia Nacional consideró "delitos comunes" y no de lesa humanidad. Según la jurisprudencia internacional, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no pueden ser amnistiados.
Sobre el papel, España está investigando estos asesinatos, como resaltó a principios de mes la jueza argentina María Servini de Cubría para explicar por qué no admitía a trámite la querella presentada por las víctimas españolas. Pero la realidad es muy distinta. Un análisis exhaustivo de los 46 juzgados que recibieron inicialmente la causa troceada es tajante: un mínimo de 26 (casi el 60%) ya ha archivado sin investigar ni escuchar a las víctimas. El porcentaje de juzgados que no investiga es, en realidad, mucho más alto. Ello se observa mejor si se plantea al revés: de los 46, únicamente tres han dado pasos relevantes en la dirección que impulsaba
Garzón.
De un lado, Aurora María Fernández, de Granada ,y Miguel Ángel Aguilera, de El Escorial, han planteado una cuestión de competencia para que el sumario vuelva a la Audiencia Nacional al considerar que se trata de crímenes de lesa humanidad.
Del otro a jueza de Benavente (Zamora), Tania Chico, asumió la tesis de los "delitos comunes", pero abrió una fosa por orden judicial, estuvo al pie de los trabajos en la recuperación de los cuerpos de los fusilados y se hizo acompañar por agentes de la policía judicial para investigar las causas de la muerte y el enterramiento de las víctimas. Chico se limitó a cumplir la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que lo exige cuando se encuentran restos de muertos con signos de violencia, algo excepcional en las causas heredadas de Garzón. Miguel Ángel Martín, en Palencia, que recibió la causa con posterioridad, también investiga: al menos ha tomado declaración a testigos de asesinatos. Los 17 juzgados restantes del listado inicial están en
stand by.
Los motivos para archivar se repiten en todos los juzgados: se trata de delitos prescritos o no tipificados en el momento de los hechos el Código Penal no incorpora la lesa humanidad hasta 2003 o fueron perdonados por la Ley de Amnistía de 1977 o es tarea de la Ley de Memoria Histórica aclarar los casos particulares.
Cuando los autos se recurren, las Audiencias Provinciales ratifican lo decidido en primera instancia, con la única excepción de la de Burgos, que el pasado enero obligó al juzgado de Villarcayo Merindad al menos a practicar diligencias.
Las Audiencias son más duras que los juzgados de instrucción. El auto de archivo dictado el 2 de abril en la Audiencia de Zaragoza reproduce uno previo de la de Badajoz en el que consideran el propósito de las víctimas "de indudable interés histórico y antropológico". Y en la de Madrid citaron ya los autos de Luciano Varela como si fueran jurisprudencia. Las víctimas ya no esperan nada de la Justicia española.
http://www.publico.es/espana/316518/crimenes/espana/investiga
ABC en su línea intenta destruir todos los intentos por recuperar la memoria y a quienes realizan estos intentos.
A juicio del vocal Antonio Dorado, el CGOJ cometió una irregularidad al autorizar la marcha de Garzón a La Haya. En concreto, cuando la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «permitió» la contratación de Baltasar Garzón por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En su voto particular discrepante con esa decisión, Dorado advierte que el juez de la Audiencia Nacional sólo hizo una petición al Consejo: que se le declarara en la situación administrativa de servicios especiales. La respuesta a esa petición le vino dada a la Permanente por la Secretaría General del CGPJ, que informó en contra de dar satisfacción a la solicitud de Garzón, pues este ya estaba suspendido cautelarmente. Y un juez no puede hallarse de forma simultánea en dos situaciones administrativas diferentes (suspensión y servicios especiales). Con este dictamen contrario sobre la mesa, la Permanente «evitó pronunciarse de forma expresa sobre el contenido de la solicitud formulada, haciendo dejación del deber de resolver expresamente» sobre lo que se le pregunta. Pero hay más. Dice Dorado que el acuerdo del que discrepa se pronuncia, sin «competencia» para ello porque nadie le había planteado esa cuestión, sobre la «compatibilidad» de Garzón «para desempeñar funciones de consultoría» en La Haya. Con esta nueva irregularidad, el CGPJ habría «ignorado de forma palmaria el alcance de sus competencias» y «vulnerado los más elementales principios que rigen el procedimiento administrativo». Además, la Permanente «podría haber indicado» a Garzón «la posibilidad» de pedir la compatibilidad, algo que el juez hizo con posterioridad y que el CGPJ resolvió, también con discrepancias, advirtiéndole que no podrá cobrar el cien por cien de su sueldo en la Fiscalía del TPI.
http://www.abc.es/20100530/opinion-confidencial/cometio-irregularidad-cgpj-caso-20100530.html
Según El Periódico, el 66,5 % de los españoles piensan que la suspensión de Garzón se debe más a cuestiones políticas que jurídicas.
La mayoría de los ciudadanos consideran que las causas abiertas contra el juez Baltasar Garzón, que han forzado su suspensión y salida de la Audiencia Nacional, se deben a motivos políticos y no se fundamentan en argumentos judiciales. Así lo manifiestan el 66,5% de los encuestados. Otro 13,6% no se pronuncia y tan solo el 19,9% afirma que son cuestiones jurídicas las que sustentan la decisión de sentar al magistrado en el banquillo por investigar los crímenes de la guerra civil y la dictadura, el principal de los tres procesos iniciados contra el magistrado y de momento el único por el cual se le ha abierto juicio oral. Su decisión de intervenir las conversaciones que varios imputados en el caso Gürtel mantuvieron en prisión con sus abogados y el presunto cobro de dinero del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York motivaron las otras dos querellas.
En todos los grupos de edad, el segmento que achaca a motivos políticos las causas contra Garzón supera el 60%. Y si se analizan las respuestas en función del partido al que votan los ciudadanos, solo se aprecia cierta división entre quienes apoyan al PP. Por territorios, Catalunya (78,3%) y el País Vasco (77,9%) son las dos comunidades donde más encuestados aseguran que las causas tienen una motivación política.
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=717691&idseccio_PK=1008
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