Profesor del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de la UNED. Fellow del IUS de Chicago.
Complejidad y simpleza del Caso Garzón
Lamentablemente, Garzón ha sido descabalgado. ¿Momentánea o definitivamente? "Suspensión cautelar", dice la resolución correspondiente. Qué palabras tan suaves para un golpe tan bajo. Enorme alegría para los torturadores pinochetistas, inmensa satisfacción para los secuestradores y asesinos argentinos, brindis con champán para los corruptos gürtelianos y sus valedores, empeñados en asegurarles la impunidad. Consternación y desesperanza para las víctimas del franquismo que aspiran a recuperar los restos de sus seres queridos que todavía yacen en fosas comunes y clandestinas.
Inevitable complejidad del caso, por una parte, frente a una pavorosa y descarnada simplicidad, por otra. La complejidad se deriva de interpretaciones muy diferentes del derecho y la moral. Una complejidad de suficiente magnitud para que las actuaciones del juez sean, al mismo tiempo, oficialmente reprobadas por determinadas instancias judiciales y a la vez enérgicamente defendidas por otros jueces y fiscales, nacionales y extranjeros, así como por destacados miembros de la comunidad académica nacional e internacional, que rechazan, con amplia argumentación jurídica, la posibilidad de imputarle el delito de prevaricación.
Nunca se repetirán suficientemente estos tres hechos concurrentes: primero, que la fiscalía no aprecia delito alguno y, en consecuencia, no formula acusación, oponiéndose tenazmente al procesamiento. Segundo, que tres magistrados de la Audiencia Nacional compartieron en su voto particular la interpretación del juez ahora acusado, posición favorable a su competencia para instruir la investigación sobre los miles de delitos de desaparición forzada producidos durante la Guerra Civil. Y tercero, que posteriormente algún juzgado local al que se atribuyó la competencia declinó asumirla, por entender -como Garzón- que esta correspondía precisamente a la Audiencia Nacional.
Resulta evidente, por tanto, la diversidad de enfoques posibles entre jueces honrados y, en consecuencia, la inherente complejidad de la cuestión. Pero numerosos juristas en España y en el mundo niegan rotundamente que el juez haya incurrido en esa flagrante injusticia, unívoca, deliberada, evidente, dañina y severamente punible que implica el grave delito de prevaricación. Como resumen de tales argumentos, podemos concentrar su idea central común recogiendo este pronunciamiento de la profesora Araceli Manjón-Cabeza, tras su exhaustivo análisis, rigurosamente legalista. Su conclusión es esta: "Prevaricación ninguna, incluso si algunas de sus actuaciones pudieran tildarse de erróneas" (diario La Ley, 23 de marzo de 2010).
Pero, junto a esta complejidad interpretativa, filosófica, moral, doctrinal, teórica y práctica (tan difícilmente compatible con el delito de prevaricación), surge el segundo ingrediente: la rotunda evidencia y patética simplicidad del factor central que motiva la situación actual. Y ese factor, de deslumbrante sencillez, no es otro que el ansia clamorosa y febril de muy poderosos sectores por eliminar del escenario judicial precisamente a aquel juez que se ha enfrentado a las más caracterizadas
siguientefuerzas delictivas del escenario político, económico y social.
En términos humanamente realistas, no se puede pretender que un magistrado actúe como viene haciéndolo el juez Garzón desde hace décadas sin pagar por ello un alto precio. Nadie puede enfrentarse con probada eficacia como hizo este magistrado contra el GAL, contra la trama Gürtel, contra ETA, contra los comandos operativos de esta y contra su complejo aparato político-militar (con impresionantes resultados); no se puede proceder impunemente contra los narcotraficantes gallegos y colombianos, contra los mafiosos italianos, contra los grandes blanqueadores de dinero negro en España y su conexión con paraísos fiscales próximos y lejanos; ni encerrar a un bárbaro dictador latinoamericano considerado universalmente como intocable (caso Pinochet, años 1998-2000), ni procesar a la serie de asesinos y torturadores argentinos y chilenos hoy encarcelados en sus países respectivos, en gran parte gracias a los autos dictados por el juez Garzón desde 1996; nadie puede, en una palabra, sacudir tan fuerte y en tantas direcciones saliendo indemne de todas ellas. Nadie puede atreverse a tanto sin pagar por ello, antes o después.
Nadie puede labrarse una trayectoria con tantos contundentes aciertos (incluso con los inseparables errores que acompañan a la acción humana) sin ser castigado por tan desmesurada osadía. No resulta posible que alguien se meta en tantos y tan venenosos jardines sin ganarse una larga serie de enemigos mortales, aquí y fuera de aquí, en el ámbito político y también en el judicial, en el partido del Gobierno y en el de la oposición, en las filas terroristas, mafiosas, corruptas y demás diversas calañas, salvando las distancias de sus muy distintos niveles de criminalidad, sin olvidar las tramas madrileñas, valencianas y de otras latitudes, en muy distintas áreas del negocio de la corrupción aledaña al poder. Fuerzas delictivas de toda laya que, antes o después, tropezaron, para su desgracia, con la resuelta -y muchas veces arriesgada y comprometida- ejecutoria del juez Garzón. Arriesgada, comprometida y cara. La entereza tenía un precio. Y un precio muy caro, que ahora se le hace pagar.
Señalemos, por otra parte, que en su día la ONU recordó a España que seguimos manteniendo un triste récord de dudoso mérito: el mayor número de cadáveres no identificados e ilegalmente enterrados, superior a los existentes en cualquier otro país de nuestro entorno. Fenómeno ya difícilmente tolerable por su contumaz persistencia siete décadas después del drama que lo generó. Más de 100.000 víctimas secuestradas, asesinadas y desaparecidas en la más flagrante ilegalidad (sin juicio, sin defensa, sin certificado de defunción) se incluían en las listas aportadas por Garzón cuando este se declaró competente para tal investigación. A este crimen (secuestro, asesinato y entierro clandestino) el actual derecho internacional le llama "delito de desaparición forzada", definido y asumido como tal por la ONU con carácter de crimen de lesa humanidad no prescriptible.
Este criterio jurídico, de amplio predicamento desde hace décadas, está permitiendo en otros países juzgar y castigar a numerosos secuestradores, torturadores y asesinos por delitos cometidos décadas atrás. Aquí, en cambio, no se pretendía ya encarcelar a nadie, sino establecer unas áreas importantes de la verdad histórica, y de una digna y justa reparación. Sin embargo, la existencia de esa figura jurídica, que ya cuenta con una jurisprudencia internacional, es sistemáticamente ignorada por la ruidosa jauría que ha acorralado a Garzón, buscándole con ansia la yugular. Necesitan ignorar ese decisivo dato -con toda su carga jurídica y jurisprudencial- para poder mantener su injusta acusación.
Nadie fuera de España lo comprende. En cambio, aquí, un gran número de ciudadanos lo comprenden demasiado bien. Frente al letal argumento de sus enemigos -prevaricación y punto-, para numerosos españoles el factor clave que subyace tras la suspensión de Garzón es muy distinto: Gürtel y punto. Es mucho lo que algunos no le perdonan, pero en la coyuntura presente, si hay algo que no le perdonan por encima de cualquier otro factor es precisamente este: su eficaz investigación sobre la escandalosa trama de la corrupción. He ahí el máximo motivo de algunos para triturarle, y no la inexistente prevaricación.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Complejidad/simpleza/caso/Garzon/elpepuopi/20100526elpepiopi_4/Tes
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