Declaraciones: Santos Juliá a El País 23/05/2010

Santos Juliá es Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense y catedrático del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED

Sobre la impunidad de los crímenes del franquismo

Como define sobriamente el DRAE, impunidad es falta de castigo e impune es el que queda sin castigo. Los crímenes del franquismo quedaron sin castigo, ante todo, porque los vencidos en la guerra civil, desde el exilio o en el interior, no pudieron abrir una causa contra los culpables y, sobre todo, porque los vencedores en la Guerra Mundial, tras someterlos a cuarentena, decidieron hacer buenos negocios con ellos. Gran Bretaña fue, como no se cansó de repetir el presidente Azaña, el primer enemigo de la República en la guerra civil, y Estados Unidos y el Vaticano, flanqueados por Francia y Reino Unido, fueron los principales socios sobre los que, durante años sin fin, pudo Franco consolidar su poder.

La alianza estratégica de las democracias occidentales con la España de Franco duró hasta la muerte del dictador. Mientras tanto, nadie, ningún juez, ningún fiscal -funcionarios al servicio de la legalidad del régimen, fuera cual fuese la ideología de cada cual- tuvo la oportunidad de abrir una causa penal contra los responsables de aquellos crímenes. Luego, ninguno de esos mismos funcionarios, ya al servicio de la legalidad democrática, reclamó la aplicación de lo que ahora llamamos justicia internacional para el caso español. El primero en hacerlo ha sido Baltasar Garzón que, modificando la definición de los tipos delictivos aplicables, abrió en 2008 una causa penal contra los autores de crímenes.

Pero este juez tomó sus precauciones para asegurarse de que del procedimiento penal no se derivara la posibilidad de sentar en el banquillo a ningún culpable. Porque "crímenes del franquismo", además de los asesinatos de la guerra civil, fueron, entre otros, la muerte por torturas del secretario general del PSOE Tomás Centeno en 1953; o el fusilamiento del dirigente del PCE Julián Grimau, 10 años después. Garzón limitó, sin embargo, el periodo de su investigación -en realidad: un auto basado en investigaciones publicadas por decenas de historiadores- hasta el cambio de gobierno de 1951, ocasión y fecha arbitrarias si no se recuerda que quienes fueron ministros hasta ese año, en 2008 estaban notoriamente muertos, como dejó escrito en su auto: eran sospechosos que quedarían sin castigo, o sea, impunes, aun en el caso de que su crimen hubiera sido contra la humanidad.

Es irrelevante saber qué buscaba Garzón con su auto, allá él; lo que sí se sabe es lo que no buscaba. Y lo que no buscaba era sentar en el banquillo ni a un solo culpable de los crímenes del franquismo, porque si ese hubiera sido el objeto de su instrucción no la habría limitado a 1951 ni reducido a 35 sospechosos muertos. Al establecer esa fecha límite y al identificar con nombres y apellidos a 35 altos cargos de la dictadura, el instructor sabía que en breve plazo, que pretendió alargar con alguna de sus martingalas, se vería obligado a cerrar el sumario. Y así fue. Al recibir los certificados de defunción, añadió a la evidencia de que los presuntos culpables habían fallecido, la sorprendente declaración de extinción de responsabilidad de todos ellos ¡porque estaban muertos!

Que, tras esta extinción de responsabilidad, los crímenes del franquismo sigan impunes ¿significa que no quede ninguna obligación legal hacia sus víctimas? En absoluto. Los gobiernos, primero del PP, luego del PSOE, tienen encima de la mesa desde hace varios años demandas de familiares de buscar, exhumar, identificar y dar digno entierro a las víctimas de aquellos crímenes. Los familiares están en su derecho -como lo están en el suyo los que prefieren mantener las fosas como lugares de memoria- y los poderes públicos en la obligación de atenderlos. Para cumplir ese deber, no hacía falta enredarse en causas penales contra muertos impunes ni perderse en debates sobre leyes de memoria; bastaba una instrucción del Gobierno que recordara a jueces y forenses la obligación legal de exhumar cadáveres enterrados en fosas, destinando a esa tarea los funcionarios que fuera menester.

Por razones que el Gobierno sabrá, no lo ha hecho, y de esa abdicación se ha derivado el intento de proceder a las exhumaciones por la vía penal bajo el falso pretexto de que no queden impunes crímenes cometidos hace más de 70 años. Ante la evidencia de que, 70 años después, todos los posibles culpables han muerto, sería mejor que cada uno cumpliera su deber, comenzando por el Gobierno y siguiendo por estos jueces que se dedican a sustanciar, sobre los crímenes del franquismo, sus viejos rencores políticos.